Polémico ocultamiento de activos para pagar menos por pedofilia

El siguiente informe fue preparado por la revista Bloomberg Businessweek:

Durante la mayor parte del siglo 20, la Iglesia Católica estadounidense minimizó el daño causado por los sacerdotes pedófilos al encubrir el abuso. Cuando la diócesis de Davenport, Iowa, fue informada, a mediados de la década de 1950, que uno de sus sacerdotes estaba abusando sexualmente de niños en un YMCA (Young Men’s Christian Association o Asociación Cristiana de Jóvenes) local, lo mantuvo en secreto. “Es reconfortante saber que no ha surgido ninguna novedad general, y rezo porque ninguna resulte“, escribió a un sacerdote, exhibiendo la estrategia de la época.

Los encubrimientos funcionaron cuando las víctimas y sus familias podían ser intimidadas o avergonzadas en silencio. Pero en las décadas de 1980 y 1990, las víctimas comenzaron a presentar demandas civiles contra las diócesis donde ocurrieron los presuntos incidentes. Los líderes de la Iglesia Católica en todo el territorio de USA mantuvieron a casi todos callados hasta llegar a un acuerdo extrajudicial y exigir, a cambio, acuerdos de confidencialidad. Los líderes de la iglesia pagaron alrededor de US$ 750 millones desde principios de los años ’80 hasta 2002, según BishopAccountability.org/, una organización sin fines de lucro que rastrea el abuso sexual del clero.

El velo del secreto sobre estas transacciones se traspasó cuando en 2002 el diario ‘Boston Globe’ publicó sus investigaciones sobre el abuso sexual en la diócesis local, lo que provocó la indignación pública de cómo el clero católico apostólico romano había ocultado su responsabilidad. De 1950 a 2002, 4.392 sacerdotes católicos fueron acusados ​​de abuso, según un estudio del John Jay College of Criminal Justice (Colegio John Jay de Justicia Criminal).

La cantidad de demandas judiciales se intensificó a medida que creció la conciencia pública, y los líderes de la Iglesia, sitiados, buscaron una nueva opción: la convocatoria de acreedores. Cuando un distrito de la Iglesia Católica que ha sido demandado invoca el Capítulo 11 (Convocatoria de Acreedores) y luego llega a un acuerdo en el marco de la Ley de Quiebra, las víctimas se dividen un porcentaje de los activos.

Al igual que el ranking de los ejecutivos de la revista Fortune 500, y más recientemente los Sacklers -la familia propietaria del fabricante de OxyContin (Purdue Pharma LP)-, los líderes de la Iglesia Católica encontraron en la convocatoria de acreedores una solución atractiva porque proporciona un proceso controlado para resolver una gran cantidad de demandas mientras retienen tantos activos como les resulte posible.

Otro beneficio es el secreto. Demandas y juicios conducen a testimonios y publicidad. La convocatoria asegura un acuerdo masivo más silencioso que obliga a poner fin a las demandas existentes y bloquea las nuevas. “Proporciona una pizarra limpia“, dice Robert Kugler, un abogado que representó a víctimas de abuso en la arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis. Las diócesis han tomado esta ruta más de 20 veces desde 2004, cuando la Arquidiócesis de Portland, Oregon, se declaró insolvente.

US$ 2.000 millones

Más diócesis católicas se declaran en convocatoria ahora que las reglas están cambiando sobre cuánto tiempo tiene una víctima para demandar por abuso. Siete estados y el Distrito de Columbia aprobaron leyes en 2019 que suspenden el estatuto de limitaciones en demandas civiles por abuso sexual, y al menos otros tres estados las están considerando.

Conocidos como “estatutos de ventana” (window statute), se han vuelto populares a raíz del movimiento #MeToo y la protesta pública por el abuso por parte de los hombres en el poder. Hasta hace poco, apenas media docena de estados tenían el beneficio. Los “estatutos de las ventanas” hicieron que las iglesias se declararan en convocatoria en San Diego, Wilmington, Delaware y varias ciudades del estado de Minnesota.

Después de que la ley del estado de Nueva York entró en vigencia en agosto, casi 430 víctimas de abuso sexual presentaron demandas de inmediato, la mayoría contra las diócesis católicas directamente en vez de las iglesias. La diócesis de Rochester se declaró en convocatoria en septiembre; los obispos en Brooklyn y Buffalo anunciaron que pronto les seguirán los pasos.

En muchos casos, las iglesias preceden a la convocatoria mediante la transferencia y reclasificación de activos. El efecto es reducir la cantidad de dinero disponible para las víctimas de abuso del clero. Esta estrategia, los acuerdos universales previstos en el Capítulo 11 y las protecciones de nuevas reclamos, han sido un efectivo golpe múltiple para limitar los pagos indemnizatorios a los demandantes.

Una revisión de Bloomberg Businessweek de las presentaciones judiciales de abogados de víctimas en los últimos 15 años muestra que la Iglesia Católica estsadounidense ha protegido más de US$ 2.000 millones en activos del reclamo de las víctimas de abuso en convocatorias de acreedores.

“Los sobrevivientes deberían haber obtenido ese dinero, y no lo consiguieron”, dice Terry McKiernan, presidente de BishopAccountability.org. “La Iglesia Católica se ha comportado como un negocio. No se ha comportado como una religión que sigue las reglas que defiende“.

El caso Santa Fe

El desarrollo del concurso preventivo de una diócesis proporciona una hoja de ruta para lo que puede venir a medida que más diócesis vayan por esta ruta. La presentación del Capítulo 11 de la arquidiócesis en Santa Fe muestra cuán fácil y rutinario es reajustar un balance general.

La archidiócesis se enfrentaba a una docena de demandas por abuso del clero cuando se presentó en convocatoria en diciembre de 2018, diciendo que era demasiado pobre para defenderse. El número de demandas aumentó a aproximadamente a 375 en la fecha límite de junio de 2019 que había establecido el tribunal de quiebras para que las víctimas presentaran sus reclamos. Nuevo México no tiene un “estatuto de ventana“.

En documentos judiciales, la arquidiócesis informó que poseía US$ 49 millones en bienes raíces, efectivo e inversiones. Esa cifra incluía su sede de Albuquerque, bonos corporativos y municipales, media docena de automóviles y camionetas, y una cantidad no especificada de oro y plata. Por el contrario, los documentos de creación de la iglesia de 1951 pusieron su valor estimado en US$ 40 millones en moneda de entonces, o US$ 396 millones en moneda actualizada.

Para llegar a esa cifra de US$ 49 millones, los líderes de la iglesia dijeron que al menos US$ 178 millones en efectivo y propiedades asociadas con la arquidiócesis eran propiedad de parroquias o se mantenían en un fideicomiso o fundación y, por lo tanto, no eran elegibles para su inclusión en el patrimonio. Los abogados de las víctimas, diciendo que no existe una separación real entre la arquidiócesis y sus parroquias, argumentan que los US$ 178 millones deberían incluirse en los fondos disponibles. Eso elevaría el valor del patrimonio hasta US$ 227 millones.

La diócesis católica en Santa Fe comenzó a reorganizarse en 2012. En noviembre de aquel año, los gerentes de negocios de las aproximadamente 90 parroquias en el norte de Nuevo México se reunieron en Albuquerque para ser dirigidos por Tony Salgado, director financiero de la arquidiócesis. Salgado había convocado a la reunión para explicar a los gerentes cómo mantener a sus parroquias separadas de la arquidiócesis.

“Recibimos instrucciones paso a paso“, dice Christine Romero, entonces gerente comercial de la parroquia de St. Anne, en Santa Fe. El cambio legal permitiría a la arquidiócesis afirmar que cada parroquia era una organización distinta, que poseía su propia propiedad. Casi al mismo tiempo, según los registros, los líderes de la iglesia crearon la Arquidiócesis de Santa Fe Real Estate Corp. y comenzaron a transferir cientos de propiedades a ella.

Romero dice que cuando levantó la mano y preguntó cómo afectarían las incorporaciones por separado a las parroquias, Salgado dijo que la mudanza no cambiaría las operaciones diarias. “Es sólo para protegernos de las demandas por pedofilia“, fue la explicación, según Romero. Salgado declinó hacer comentarios cuando fue consultado por Bloomberg Businessweek.

La incorporación de parroquias por separado permitió a la arquidiócesis quitar aproximadamente US$ 91 millones de sus libros contables. Los primeros US$ 34 millones provienen de trasladar 120 propiedades en Santa Fe, Taos y otras áreas a un fideicomiso que dice tener en nombre de sus parroquias. Las propiedades incluyen iglesias, cementerios y un edificio con una cafetería y un estudio de yoga. (El valor real de las propiedades es probablemente mucho más alto: la arquidiócesis asignó un valor contable US$ 000.000 (cero) a muchas de ellas, y con otras utilizó el valor de tasación que las autoridades locales asignan para fines fiscales en lugar del valor de tasación que la propiedad podría esperar si ordenara una venta.

Otros US$ 57 millones en propiedades de las parroquias, incluidos los cementerios en Santa Fe y una casa móvil en Taos, en la que vive un sacerdote, se encuentran en un fideicomiso separado.

Fundación Católica

James Stang, abogado principal de las presuntas víctimas de abuso del clero en la convocatoria, escribió a un tribunal judicial en junio 2019 que las incorporaciones y transferencias se hicieron con la intención de “obstaculizar, retrasar o defraudar” a los demandantes.

J. Ford Elsaesser, abogado de la arquidiócesis, cuestiona las acusaciones de que se ocultaron activos para mantenerlos fuera del alcance de los demandantes. La relación entre la iglesia y sus parroquias es como la de un niño adulto y un padre anciano que ya no puede manejar sus asuntos, dice Elsaesser: “La propiedad es suya, pero no es su dinero“.

Él dice que el concurso preventivo de acreedores es el mejor instrumento para resolver un gran número de reclamos por abuso, en parte porque hace una distribución más justa de los activos finitos de la iglesia, con todas las víctimas compartiendo el dinero de manera ordenada en lugar de ser rápidamente recogido por las víctimas que presentan los primeros reclamos.

Los funcionarios de la Iglesia Católica también pusieron cerca de US$ 37 millones en efectivo e inversiones en una cuenta de Wells Fargo que dice que controlan pero que no poseen.

Otros fondos se encuentran en la Fundación Católica, que acepta donaciones a la arquidiócesis. La fundación tiene casi US$ 50 millones y dispersó alrededor de US$ 1.8 millón en 2019 hacia causas católicas, incluida la capacitación de nuevos sacerdotes y la jubilación de los más veteranos. Los abogados de la iglesia dicen que la fundación no es parte de la convocatoria.

Pero los abogados de las víctimas dicen que la fundación figura, ante el Servicio de Impuestos Internos -organismo recaudatorio de impuestos-, como una “organización subordinada” a la arquidiócesis, una calificación que necesita para estar exenta de impuestos federales, y sus propiedades deben incluirse en el patrimonio.

“Seamos muy claros en qué consiste este argumento”, dijo Stang en una audiencia en agosto. “Es el brazo de recaudación de fondos de la arquidiócesis”.

Los documentos de incorporación de cuatro parroquias revisados ​​por Businessweek muestran que la arquidiócesis ha mantenido un estricto control sobre la fundación. Salgado figura como el eje de contacto para las parroquias, y la mitad de la junta directiva de algunas parroquias figura como personal de la arquidiócesis. Los artículos de incorporación para cada parroquia, que contienen información corporativa y fiscal, no se pueden cambiar sin la aprobación del arzobispo.

St. Paul y Minneapolis

Las parroquias continúan aportando el 12,5% ​​de sus recaudaciones dominicales a la arquidiócesis, según una declaración de 2018 del padre John Daniel, quien en ese momento trabajaba en la administración de la arquidiócesis.

Los pagos de la parroquia proporcionaron la gran mayoría de los ingresos anuales de US$ 6 millones de la arquidiócesis, controlados por auditores que informan a Salgado, de acuerdo con la declaración que se tomó como parte de una demanda por abuso sexual antes de la quiebra.

El acuerdo del concurso preventivo (concordato de acreedores) más grande de una arquidiócesis se produjo en la presentación del Capítulo 11 de St. Paul y Minneapolis. El más pequeño estaba en Milwaukee.

Cuando la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis se declaró en convocatoria en 2015, dijo que no era propietaria de las parroquias, las escuelas y los 10 cementerios dentro de su territorio. “Tomaron un pincel y fueron a todos los cementerios y pintaron sobre el nombre Arquidiócesis de St. Paul-Minneapolis“, dijo Jeff Anderson, un abogado que representó a las víctimas de abuso en esa convocatoria, en una conferencia de prensa en ese momento.

Los líderes de la Iglesia, alegando que habían revelado completamente todos los activos, cooperaron con el tribunal de quiebras, y dijeron que la arquidiócesis poseía activos por un valor de menos de US$ 50 millones. Los abogados de las víctimas dijeron que el número se acercaba a los US$ 1.700 millones. El tribunal nunca llegó a un consenso, pero alrededor de 450 personas obtuvieron un total de US$ 210 millones, un promedio de aproximadamente US$ 467.000 cada uno. Algunos fondos provenían de bienes de la iglesia y otros de pólizas de seguros.

En Milwaukee, el entonces arzobispo Timothy Dolan envió una carta al Vaticano en 2007 solicitando permiso para transferir casi US$ 57 millones a un fondo fiduciario destinado a mantener cementerios. La carta parecía reconocer que el propósito de la medida era proteger los activos.

“Al transferir estos activos al Fideicomiso, anticipo una protección aprobada contra cualquier reclamo legal y responsabilidad penal”, escribió Dolan. El Vaticano aprobó la transferencia, imponiendo un impuesto de US$ 100 para sí mismo sin explicar por qué. Cuando los líderes de la iglesia de Milwaukee se declararon en convocatoria cuatro años después, Dolan era para entonces el cardenal de Nueva York, y le reclamaron activos de US$ 10 millones a US$ 50 millones.

Los abogados de las víctimas no hicieron su propia estimación, pero lucharon con éxito para incluir la propiedad del cementerio en los bienes afectados.

Después de una pelea de casi cinco años en la que la arquidiócesis de Milwaukee trató de que prácticamente todos los reclamos fueran desestimados por un juez, alrededor de 350 víctimas obtuvieron un promedio de US$ 60.000 cada una.

Niños vulnerables

Una arquidiócesis en convocatoria acordará con víctimas del abuso del clero por aproximadamente la mitad del valor de su patrimonio. Si la arquidiócesis de Santa Fe acuerda por la mitad del valor de los US$ 49 millones que dice tener, las 375 víctimas obtendrán aproximadamente US$ 65.000, aproximadamente una quinta parte de los US$ 300.000 que obtendrían si la arquidiócesis no hubiera quitado de su libro mayor US$ 176 millones.

La diferencia importa. Las víctimas de abuso sexual infantil enfrentan mayores problemas de salud mental y física y menores ingresos de por vida. El costo para una víctima puede ser de más de US$ 280.000 durante toda la vida, según un estudio realizado en 2018 por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. (La escuela cuenta con el apoyo de Michael Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, propietario de Businessweek).

Las altas tasas de pobreza y la obediencia devota a los sacerdotes locales dejaron a algunos niños de Nuevo México particularmente vulnerables. Mary, quien pidió que no se usara su nombre completo para proteger su privacidad, vive en Las Vegas, Nuevo México. Ella dice que fue violada por Sabine Griego, un sacerdote católico de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores cuando tenía 10 años.

Griego se declaró inocente de ocho cargos de abuso sexual infantil. Él tiene un juicio con jurado programado para junio. La arquidiócesis ha aceptado demandas de al menos 30 personas que dijeron haber abusado cuando eran niños, según el diario Albuquerque Journal. Mary no está entre ellos, pero aparece como acreedora en la convocatoria. El defensor público que representa a Griego dice que el sacerdote mantiene su inocencia.

El área demográfica alrededor de Nuestra Señora es pobre, con remolques destartalados y patios llenos de autos chatarra. Ahora de 51 años, Mary vive no lejos de Nuestra Señora en una casa con una cerca alta, una cámara de vigilancia y tres perros raza ‘pit bull‘. “Probablemente veré a un terapeuta por el resto de mi vida“, dice ella. “¿Qué cantidad de dinero me va a devolver mi vida?”

Isaac Casados, otro acreedor, creció en el pequeño pueblo de Española queriendo ser sacerdote. Casados ​​dice que cuando era un monaguillo de 10 años, recién salido de su primera comunión en la Iglesia Católica de la Santa Cruz, el padre Marvin Archuleta intentó abusarlo. Archuleta fue acusado en febrero de violar a un niño de 1er. grado en la Santa Cruz a mediados de los años ’80. Un juicio por jurado está programado para comenzar en enero. Su abogado niega esa acusación y las de Casados.

Viviendo ahora en Santa Fe, donde es dueño de una pequeña compañía de tecnología médica, Casados, de 38 años, sufrió en la década posterior al abuso de alcoholismo y depresión. Dice que intentó suicidarse. “El dinero me habría ayudado a encontrar los recursos para rectificar los problemas internos con los que estaba lidiando“, dice.

Después de décadas de escuchar sermones sobre responsabilidad y honestidad, considera una hipocresía la reestructuración financiera de la arquidiócesis. “Nos enseñan a no mentir“, dice. “¿Por qué están dispuestos a mentir sobre sus activos?“

El Vaticano

Los abogados de múltiples víctimas dicen que el Vaticano guía a las diócesis tanto en su reorganización financiera como en sus posiciones con respecto a los asentamientos.

“Todas las decisiones financieras, todas las decisiones estratégicas, todas las decisiones son tomadas por el Vaticano“, dice Anderson, quien ha representado a las víctimas del abuso sexual del clero durante 37 años. “Estoy en constante comunicación con los abogados que representan a las iglesias, y sé que están en contacto con el Vaticano”.

John Manly, un abogado que representó a las víctimas en 15 convocatorias de acreedores de las parroquias, dice que ha estado en negociaciones de acuerdos en las que los obispos le han confirmado que están en contacto con la Santa Sede. “He hecho que los obispos digan: ‘No puedo hacer esto sin el permiso del Vaticano'”, dice Manly.

A fines de diciembre, en un guiño hacia una mayor transparencia, el papa Francisco abolió la regla del “secreto pontificio“, que los funcionarios de la iglesia habían utilizado para retener información sobre abuso sexual de las autoridades civiles.

El Vaticano no respondió a una solicitud de comentarios para esta investigación. Una portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de USA escribió en respuesta a las preguntas: “La decisión de buscar la protección del Capítulo 11 es exclusivamente de cada diócesis”.

Escenarios

La Arquidiócesis de Santa Fe y los abogados de las víctimas comenzaron la mediación ordenada por la corte en septiembre. Toda convocatoria de la iglesia hasta ahora ha terminado en un acuerdo, pero la agresividad en la protección de los activos de la arquidiócesis ha aumentado la posibilidad de que no haya un acuerdo esta vez.

En una audiencia en la corte a principios de diciembre, el juez federal que supervisaba el caso le preguntó a Stang si estaba satisfecho con la marcha de la mediación. El abogado solo diría que se comprometió a asistir a la próxima sesión, que está programada para principios de febrero.

“Una solución en la actualidad todavía parece difícil de alcanzar, y el progreso es lento”, escribió el mediador en un informe de seguimiento en diciembre. Los líderes del clero y los abogados de todo el país están observando las negociaciones para obtener orientación sobre cómo abordar sus propias quiebras potenciales.

Si la arquidiócesis se niega a ceder en su grupo de activos, entonces las víctimas podrían negarse a llegar a un acuerdo, dice Paul Linnenburger, otro abogado que representa a las víctimas de abuso del clero.

Si eso sucediera, existe un riesgo para la arquidiócesis: que el juez pueda levantar el escudo que la protege de las demandas. Eso permitiría nuevas demandas y la posibilidad de enormes consideraciones del jurado. Otros escenarios posibles incluyen que la arquidiócesis prolongue su lucha hasta que las víctimas, agotadas o hartas, acuerden bien bajo, tal como lo hicieron en Milwaukee.

De lo contrario, que el juez asigne un experto financiero externo para desenredar la contabilidad de la arquidiócesis y presionar a los líderes de la iglesia a un acuerdo más generoso, tal como sucedió en San Diego

Sin embargo, la lucha en Nuevo México concluye Linnenburger, nadie puede presentar nuevos casos contra la arquidiócesis por abusos del clero que ocurrieron antes de la convocatoria. Muchas víctimas no se presentaron a tiempo para cumplir con la fecha límite de junio, dicen los abogados de las víctimas.

“Eso dejará fuera a una porción significativa de personas que todavía están demasiado avergonzadas, demasiado heridas, demasiado temerosas para presentarse“, explica Robert Weisz, un psicólogo de Santa Fe que ha tratado a las víctimas de abuso del clero durante 15 años.

Eso no significa que la arquidiócesis necesariamente se quedará con el problema. Héctor Balderas, el fiscal general de Nuevo México, está preocupado por la estrategia de la arquidiócesis de pagar a las víctimas y hacer que firmen acuerdos de confidencialidad para permanecer en silencio.

A fines de 2018, su oficina exigía personal y registros financieros relacionados con el abuso del clero, y sus agentes presentaron órdenes de allanamiento en la sede de la arquidiócesis. La investigación está en curso, y Elsaesser dice que la arquidiócesis está cooperando.

Un enfoque de la investigación consiste en conocer si los líderes de la iglesia pagaron a las personas para así preservar su capacidad de recaudar dinero, dice Balderas. Él está preocupado por los líderes que pueden haber priorizado la riqueza de la arquidiócesis en lugar de curar a las víctimas. “El código de convocatorias no debe usarse para revictimizar a las víctimas“, dice Balderas, él mismo un antiguo monaguillo. “Realmente solo están tratando de proteger los activos“.